FETAP-CGT señala que, ante la agravante situación de inseguridad jurídica, más de un millón de trabajadores de las administraciones públicas en fraude de ley por abuso de temporalidad se encuentran en un bochornoso laberinto legal.

Hace dos semanas el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentenció paradójicamente “indefinido no fijo” para tres casos de abuso de temporalidad en las administraciones públicas, medida explícitamente contraria a lo establecido en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que resolvía las cuestiones prejudiciales que este mismo Tribunal Superior de Justicia elevó.

El pasado viernes, retomando la jurisprudencia del caso AENA, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, siguiendo la argumentación de dicha sentencia del TJUE, ha sentenciado con fijeza un caso en el que el trabajadora había superado un proceso selectivo pero sin obtener la plaza, algo habitual en algunas administraciones y especialidades. En otras administraciones, a pesar de estar en esa misma situación, nunca se barajó como una opción (eso cuando ha habido procesos selectivos porque algunas especialidades en algunas administraciones llevan sin convocarlos desde principios de los noventa). Mientras tanto, juzgados de toda índole van cubriendo este abanico con sentencias de todos los colores, pocos que aún no reconocen el abuso, algunos eligen el despido improcedente y otros, cada vez más, otorgando fijeza.

Para terminar este martes el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha acordado la suspensión de 400 procedimientos, suponemos que sumarán todas las que les vayan llegando, hasta la resolución de las prejudiciales que ese mismo órgano elevó a su vez.

Y si hablamos de impugnaciones de ofertas de empleo público y convocatorias somos conocedores de que las hay pendientes de resolución al menos desde 2017 en varios Tribunales Superiores de Justicia.

A pesar del anuncio que dió el presidente de la sala de lo social  del Tribunal Supremo en el que afirmaba que se debería dar fijeza a todo aquel que lo demandase acatando la jurisprudencia europea, el pleno de dicha sala anunció cuestiones prejudiciales al TJUE para que le aclare cómo cumplir la sentencia, cosa que no le incumbe y por lo que podrían ser rechazadas. Dos meses después aún no lo han hecho.

Ya ha sido anunciado que el próximo 13 de junio se publicará la próxima sentencia del TJUE referente a casos de funcionarios interinos, de modo que todo hace imaginar que el caos jurídico se extienda también por todas las salas de los juzgados en la vía contencioso administrativa.

Como ya advertimos desde la FETAP de CGT la inseguridad jurídica está servida para un millón de trabajadores de las administraciones públicas, que llevan 25 años esperando la trasposición de la norma y 10 para que se respete el principio de jerarquía normativa y al TJUE como creador de jurisprudencia en toda Europa. Lamentamos que el que no se haya cogido un tiempo de reflexión haya sido el ministro Escrivá que, en sus actos públicos, parece actuar más como un representante de empresas de Inteligencia Artificial que como un ministro de Función Pública, cargo del que no ejerce.