La organización sindical reclama medidas efectivas tras la sentencia del TJUE sobre el caso «Obadal» y advierte de las consecuencias para los servicios públicos y cientos de miles de empleados.
El pasado 14 de abril de 2026, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia relativa al caso «Obadal» (C-418/24) sobre la ausencia de transposición al ordenamiento interno de la Directiva 1999/70/CE, casi 30 años después de su aprobación. Según FETAP-CGT, la sentencia pone de manifiesto la ausencia de mecanismos válidos para combatir la precariedad en el sector público.
Por los mismos motivos, el 29 de abril la Comisión Europea emitió dos dictámenes motivados en el marco de los procedimientos de infracción INFR (2014)4224 e INFR (2014)4334. En ellos reclamó al Gobierno de España que presentara alegaciones y adoptara las medidas necesarias para corregir la situación. FETAP-CGT señala que el proceso no ha dado el resultado esperado y que no se concederán nuevas prórrogas.
Ante lo que considera un incumplimiento de principios básicos de un Estado social de derecho —entre ellos, la primacía normativa, la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva, la no discriminación por razón de sexo y el derecho a un trabajo digno—, la organización registró la reclamación colectiva n.º 261/2026 ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) del Consejo de Europa.
FETAP-CGT advierte asimismo de que esta situación ha desencadenado la congelación y, previsiblemente, la pérdida de 626,6 millones de euros de fondos europeos Next Generation vinculados al incumplimiento del hito 144, relativo al abuso de temporalidad en el sector público.
La organización señala también que ha comenzado la cuenta atrás para que la Comisión Europea traslade los procedimientos de infracción al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Según FETAP-CGT, y a la vista de la última sentencia relativa al caso, este proceso podría conllevar sanciones económicas hasta que el Estado español corrija el incumplimiento.
En este contexto, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, fue requerido mediante una pregunta escrita en el Congreso (184/41211), formulada por Más Madrid, para que explicara cómo pensaba revertir la situación. FETAP-CGT considera que su respuesta mantiene una estrategia de «huir hacia adelante».
Según la respuesta del ministro, tras 81 casos sobre la misma temática y otros 4 pendientes exclusivamente para España, la Gran Sala del TJUE dictó una sentencia interpretativa referida a supuestos concretos. FETAP-CGT considera que esta interpretación no responde a la situación del medio millón de empleados que, según la organización, se encuentran en fraude de ley en su contratación.
La respuesta también señala que la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en vigor desde el 30 de diciembre de 2021, continúa vigente. FETAP-CGT cuestiona el alcance de sus resultados.
La organización recuerda que el Gobierno cifra en 419.756 las plazas estabilizadas mediante esta ley, pero subraya que se trata de plazas y no de trabajadores en abuso de temporalidad, que son quienes, a su juicio, tienen sus derechos vulnerados. FETAP-CGT afirma que estas cifras no se reflejan en los datos de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al segundo trimestre de 2026.
Según la serie de datos manejada por la organización desde enero de 2022, el mayor descenso se produjo en el tercer trimestre de 2025, con una reducción acumulada de 180.000 trabajadores, mientras que desde entonces la contratación temporal habría vuelto a aumentar en 40.000 puestos.
FETAP-CGT también cuestiona la valoración positiva que hace el Gobierno del límite de tres años para la contratación temporal, ya existente en normas anteriores, y de los mayores mecanismos de control. La organización sostiene que, ante la falta de estabilidad de las plantillas, estas medidas pueden incrementar la rotación del personal temporal, eliminando la figura del “abuso de temporalidad” a costa de menoscabar la calidad en la prestación de los servicios públicos.
El Gobierno, según la organización sindical, concluye su respuesta manifestando un firme compromiso con la mejora continua del modelo de función pública. FETAP-CGT cuestiona que esa «mejora» sea compatible con que un millón de trabajadores —casi un tercio de los funcionarios, según los datos del INE— mantengan contrataciones temporales.
Desde la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la CGT (FETAP-CGT), denuncian que, desde la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez a mediados de 2018, el número de empleados temporales se ha incrementado en 170.000, pasando de 800.700 a 972.600. La organización sitúa la temporalidad en el sector público en el 26,7 %, frente al 8 % que, según FETAP-CGT, exige Europa.
Para FETAP-CGT, estos datos evidencian una falta de voluntad para atajar el problema y suponen un grave perjuicio para más de medio millón de trabajadores públicos. La organización considera especialmente contradictoria esta situación con la imagen de «el Gobierno más progresista de la historia» que el propio Ejecutivo reivindica.
La organización advierte, por último, de que la falta de soluciones no solo debilita el Estado de bienestar, sino que puede favorecer la privatización de los servicios públicos. A ello se sumarían, según FETAP-CGT, las sanciones económicas y las indemnizaciones correspondientes, cuyo coste acabaría repercutiendo directa e indirectamente sobre la ciudadanía.
