La Federación es la única acusación cuya oposición al archivo aparece expresamente recogida en el auto judicial, que considera necesario esperar al informe de la UDEF para esclarecer las presuntas irregularidades en la promoción Les Naus.
La magistrada de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha rechazado la petición de sobreseimiento libre presentada por Elsa Lloret Soler, arquitecta municipal investigada por las presuntas irregularidades en la adjudicación y adquisición de viviendas de protección pública de la promoción Les Naus, tras la oposición formulada por la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de CGT (FETAP-CGT).
Así consta en un auto fechado el pasado 14 de octubre, al que ha tenido acceso FETAP-CGT, en el que la magistrada María Amparo Rubio Lucas recoge expresamente las alegaciones de la Federación contrarias al archivo de las actuaciones. FETAP-CGT es la única acusación cuya oposición aparece mencionada en la resolución, pese a la existencia de otras partes personadas en el procedimiento.
Elsa Lloret Soler, arquitecta del Ayuntamiento de Alicante y adjudicataria de una vivienda protegida en Les Naus, es esposa de Roberto Palencia, funcionario de la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana que intervino en la tramitación de los visados de la promoción y que también figura entre los investigados.
La arquitecta municipal había solicitado el archivo de las actuaciones al considerar que los hechos investigados no revestían carácter delictivo. Frente a esta petición, FETAP-CGT defendió que la instrucción debía continuar al existir diligencias relevantes pendientes y no ser posible todavía determinar la eventual relevancia penal de los hechos.
La magistrada considera prematuro el sobreseimiento y señala que la investigación no está concluida, destacando la necesidad de incorporar el informe solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
Según recoge la resolución, la ausencia de este informe impide disponer de todos los elementos necesarios para valorar la posible existencia de indicios penales y la eventual participación de las personas investigadas.
El procedimiento se desarrolla en un contexto de crecientes dificultades de acceso a la vivienda, especialmente entre jóvenes y familias trabajadoras, lo que confiere una especial relevancia social a la investigación de posibles irregularidades en la adjudicación de inmuebles sujetos a protección pública.
En este sentido, FETAP-CGT considera necesario esclarecer si las adjudicaciones respetaron los requisitos legales y las garantías de igualdad y transparencia, especialmente cuando entre las personas investigadas figuran empleados públicos relacionados con administraciones competentes en materia de vivienda.
El auto, notificado el 15 de octubre, ordena continuar las diligencias hasta completar la investigación, sin prejuzgar la responsabilidad penal de las personas investigadas y sin perjuicio de los recursos que puedan interponerse.
