La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la CGT, FETAP-CGT, ha interpuesto una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa contra el Reino de España, al amparo del procedimiento previsto en la Carta Social Europea revisada y en el Protocolo Adicional de 1995.

La reclamación ha sido registrada por el Consejo de Europa con el número 261/2026, bajo la denominación Federación Estatal de Trabajadoras de la Administración Pública, FETAP-CGT, contra España. El Comité ha dado traslado al Gobierno español y ha fijado el 7 de julio de 2026 como plazo para que presente sus observaciones escritas sobre la reclamación.

La acción ha sido impulsada por FETAP-CGT y dirigida jurídicamente por la abogada Beatriz González, dentro de la estrategia de defensa internacional del personal temporal e interino del sector público afectado por situaciones prolongadas de abuso en la contratación temporal.

La reclamación sostiene que España mantiene un sistema normativo y jurisprudencial que no garantiza de forma efectiva la estabilidad en el empleo público temporal, no establece una reparación adecuada frente al cese o despido de quienes han prestado servicios durante años en situación abusiva y genera una situación de discriminación indirecta por razón de sexo, al afectar de forma mayoritaria a mujeres en sectores esenciales de las Administraciones Públicas.

En concreto, FETAP-CGT denuncia la posible vulneración de tres preceptos de la Carta Social Europea revisada. En primer lugar, el artículo 1.1, relativo al derecho al trabajo y a la obligación de los Estados de promover el mantenimiento de un nivel elevado y estable de empleo. En segundo lugar, el artículo 20, referido al derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y profesión, sin discriminación por razón de sexo. En tercer lugar, el artículo 24.b), que reconoce el derecho de las personas trabajadoras despedidas sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada.

La reclamación parte de una realidad especialmente grave en el empleo público español donde  personas que han prestado servicios durante 10, 20 o incluso 30 años cubriendo necesidades estructurales de las Administraciones Públicas pueden ser cesadas sin que exista una medida efectiva de estabilidad ni, en muchos casos, indemnización alguna. La situación resulta particularmente intensa en el caso del personal funcionario interino, cuyo cese se produce sin derecho a compensación, y también afecta al personal laboral temporal, cuya protección se considera insuficiente o limitada.

FETAP-CGT sostiene que la Ley 20/2021 no ha corregido esta situación de forma adecuada. La reclamación expone que los procesos de estabilización, las compensaciones tasadas de veinte días por año con límites máximos y el régimen abstracto de responsabilidades administrativas no constituyen una respuesta proporcionada, efectiva y disuasoria frente al abuso de temporalidad en el sector público. También se subraya que estas medidas no reparan a quienes ya se encontraban en abuso estructural antes de la reforma ni garantizan una protección real frente al cese.

La reclamación solicita al Comité Europeo de Derechos Sociales que declare que España incumple sus obligaciones derivadas de la Carta Social Europea revisada por no garantizar de forma efectiva la estabilidad en el empleo, por no establecer una indemnización adecuada u otra reparación apropiada frente al cese o despido del personal temporal abusado y por mantener una situación de discriminación indirecta por razón de sexo en el empleo público temporal.

Asimismo, se solicita que el Comité recuerde que las obligaciones asumidas por España al ratificar la Carta Social Europea afectan a todos los poderes públicos, incluidos el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y que el Estado debe adoptar medidas reales, eficaces y medibles para garantizar los derechos sociales reconocidos en la Carta.

Para FETAP-CGT, esta reclamación colectiva constituye un hito en la defensa de los derechos del personal temporal e interino del sector público en el marco jurídico de la Unión Europea. La Federación considera que la situación española no puede seguir abordándose como un problema individual o aislado, sino como una cuestión estructural que afecta a la calidad del empleo público, a la continuidad de los servicios públicos y a la protección efectiva de los derechos sociales reconocidos en el ámbito europeo.

FETAP-CGT informará de los próximos avances del procedimiento ante el Comité Europeo de Derechos Sociales y continuará impulsando las acciones necesarias para que el Estado español adopte medidas efectivas frente al abuso de temporalidad en las Administraciones Públicas.