Ante las medidas anunciadas por la Generalitat Valenciana para proteger sus informes y documentos, entre las que se han incluido un acuerdo con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para intercambio y protección de ficheros, así como un apartado específico para la formación de los empleados públicos en materia de seguridad informática, la CGT quiere mostrar su preocupación por las derivas persecutorias que puede tener la obsesión del Consell por evitar que se filtren datos que ponen al descubierto actuaciones irregulares de las propias autoridades de la administración valenciana.
La CGT considera que los empleados públicos son responsables ante la sociedad de la gestión de los bienes y servicios colectivos, por lo que es legítimo y constituye una obligación legal y moral que dichos trabajadores de las administraciones denuncien los casos susceptibles de constituir delitos o cualquier corruptela que pudieran detectar en el desempeño de las funciones públicas que la sociedad les tiene encomendadas.
Para la Confederación General del Trabajo del País Valenciano (CGT-PV) las palabras de la magistrada del caso Blasco recogen perfectamente esa responsabilidad de los empleados públicos: “La conducta de poner en conocimiento de la Autoridad competente para la depuración de lo que se entiende son hechos constitutivos de delito no es revelar secretos, sino cumplir con la obligación impuesta por la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
Consideramos que la respuesta del Consell ante las numerosas denuncias de corrupción no debe ser la de buscar y perseguir a los supuestos autores de filtraciones, sino que, muy al contrario, la reacción de nuestras autoridades debe ser la de aclarar tales actuaciones denunciadas, perseguir y apartar de sus cargos a los presuntos culpables de apropiación o mal uso de los recursos de la sociedad valenciana.
La CGT anima al conjunto del personal de la Generalitat Valenciana a que extreme el control de los recursos de todo tipo que tiene bajo su responsabilidad y a que siga poniendo en conocimiento de las autoridades correspondientes cualquier anomalía que pueda detectar en el correcto desempeño de sus funciones profesionales. Nuestro sindicato seguirá brindando el apoyo legal a cualquier funcionario que pudiera verse represaliado por cumplir con su obligación de informar de posibles faltas e irregularidades.
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