El pasado mes de diciembre, tanto el personal laboral como el funcionario del Ayuntamiento de Valladolid se quedó sin cobrar su paga extraordinaria debido a la aplicación del RDL 20/2012 de 13 de julio, la reforma laboral, por el que el gobierno nos recorta derechos laborales y sociales.
En el Ayuntamiento de Valladolid somos entre personal funcionario y laboral, unas 2600 personas trabajadoras. Si consideramos como media un salario de 1.800 € brutos al mes (dependiendo del grupo y el nivel se cobra más o menos), resulta que el Ayuntamiento de Valladolid se ha quedado con 4.680.000 € que ya estaban contemplados en el presupuesto para el año 2012.
No estamos contando la cantidad que no se les ha pagado a los y las trabajadoras de: Fundación Municipal de Cultura, Fundación Municipal de Deportes, AUVASA, Fundación Teatro Calderón, etc., lo cual supondrá otro pellizco importante que no tenemos contabilizado.
Desde CGT hemos pedido explicaciones al Ayuntamiento de Valladolid sobre el uso que se le ha dado a esta cantidad de dinero mediante escrito dirigido al departamento de personal el pasado 7 de diciembre de 2012. También le hemos exigido al Ayto. que se pronuncie públicamente ante la ciudadanía para explicarlo. Entendemos que no es un dinero que se nos ha robado solamente al personal trabajador de este ayuntamiento sino que también se le ha robado a la ciudadanía, que es quien paga sus impuestos y sostiene los servicios públicos. Y es quien, en última instancia va a sufrir su degradación.
Podríamos entender que solidariamente se nos recortasen nuestras remuneraciones para crear empleo, mediante distintas fórmulas: escuelas taller para jóvenes, bolsas de trabajo, empleo para colectivos vulnerables, etc., habiendo solicitado incluso la convocatoria de puestos vacantes para la ciudadanía, pero la realidad es que en los presupuestos del 2013 las partidas destinadas a gasto de personal se han reducido en torno a 2.000.000€.
Desde CGT entendemos que el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad pasan por mantener al personal trabajador que presta dichos servicios en condiciones dignas. Poco a poco el Ayuntamiento va reduciendo su plantilla laboral, amortizando puestos y cediendo parcelas de servicios a las empresas privadas; sin cuestionar la eficacia de estas prestaciones, lo real es que la empresa privada obtiene beneficios, mientras si el servicio es prestado desde lo público, el beneficio debería de ser reinvertido en forma de aumento de personal y mejora de los servicios.
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