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El pasado 30 de abril la web de la Seguridad Social publicaba la adjudicación de un contrato de servicio de consultoría estratégica a la empresa Accenture por importe de 1.361.458,60 € y con la finalidad de llevar a cabo la implantación del modelo de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
Para esta licitación se estableció el plazo de presentación de las ofertas desde el 27/11/2013 hasta el 8/1/2014, fechas muy inusuales en la contratación pública.
Según los pliegos publicados entonces por el Ministerio de Empleo, el presupuesto base de la licitación alcanzaba los 2,52 millones de euros por dos años de trabajo a empezar entre febrero y marzo de 2014. No obstante, el valor del contrato podía superar los cinco millones (sin incluir el IVA) atendiendo a la opción de prorrogarlo, entre otras posibles modificaciones contractuales. Finalmente, la oferta ganadora de Accenture se sitúa en 1,36 millones de euros, montante que no contempla las citadas ampliaciones después de los 24 meses pactados.
El importe se sufragará con cargo al Presupuesto de Gastos y Dotaciones de 2014, 2015 y 2016 de la Tesorería General de la Seguridad Social, a cuyo efecto se cuenta con asignación presupuestaria adecuada y suficiente", reflejan los citados pliegos, que reclaman una dotación de nueve personas para asesoría estratégica (un gerente, dos consultores responsables de negocio y seis consultores analistas de datos), cuyo trabajo se valoraba a entre 57 y 84 euros la hora, sin tener en cuenta los impuestos.
Según el último Boletín Estatal de personal al servicio de las Administraciones Públicas, Empleo cuenta con más de 45.000 trabajadores, de los cuales 38.765 son funcionarios de carrera.
No deja de ser una casualidad que una hija del Director General de la Tesoreria General de la Seguridad Social, (Francisco Gomez Ferreiro) que además actuara en calidad de Organo de contratación firmante del contrato, haya sido empleada recientemente (11/9/2013) en la citada empresa Accenture.
La lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social son funciones que precisamente deben desarrollar la Inspección de Trabajo y la Sección de Investigación del Cuerpo Nacional de Policía en la Seguridad Social; esta última existe desde hace 15 años y su trabajo ha sido alabado y objeto de numerosas condecoraciones, en el ámbito de los Ministerios de Empleo y Seguridad Social e Interior.
En cuanto a la Inspección de Trabajo, precisamente su función en virtud del convenio suscrito entre Agencia Tributaria, Tesorería General e Inspección es el control del fraude.
Otras empresas en el proceso tuvieron la sensación desde el principio de que el encargo "ya estaba dado". Tampoco parece muy claro que pueda definirse un procedimiento estandarizado en casos de fraude, ya que tratar a una empresa como presuntamente fraudulenta antes de que se revele como tal puede ser contrario a la presunción de inocencia o simplemente un prejuicio.
En cuanto a la contratación de la hija del Director General de la Tesorería, sorprende la cercanía en el tiempo con las conversaciones que, ya entonces, mantenían la Tesorería y Accenture para la puesta en marcha de esta consultoría.
Este proyecto se contrapone con los recortes llevados a cabo en el gasto público, ajustes que van desde la congelación de la remuneración de los asalariados públicos hasta la citada introducción desde 2014 del nuevo factor de revalorización en el sistema de pensiones aprobado por el Ministerio de Empleo. La limitada alza del 0,25% provocará, con toda probabilidad, que estas prestaciones evolucionen por debajo de lo que marca el IPC, un desempeño que supondrá una importante pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas.
(Fuentes informativas: Agencia Efe, El Confidencial, Público,……)
“TGSS por lo Público”
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