Desde FETAP-CGT denunciamos la inoperancia funcional de la Administración Pública debido a la política de externalización de muchos servicios que presta a la ciudadanía. Lo hemos denunciado en infinidad de ocasiones: la temporalidad que asola su plantilla, fruto de la mercantilización de la función pública, debilita su funcionamiento.

No hemos sido los únicos en detectarlo. Un diputado del PSOE reconocía en el transcurso de una conversación mantenida con representantes de FETAP-CGT que la presión e influencia que ejercen los lobbys y comisionistas dificultan la diligencia que cabe esperar del aparato del Estado que gestiona los intereses públicos de la ciudadanía. Lo peor de esta deriva —lamentablemente habitual y escasamente democrática— es que está siendo fomentada desde la propia Administración.

Abundan los ejemplos. El último ha tenido como protagonista a la propia Secretaría de Función Pública, Clara Mapelli, presente en un acto organizado por la Fundación NovaGob el pasado 25 de octubre (enlace al acto).

NovaGob es una institución que se autodefine como una “organización sin ánimo de lucro dedicada a impulsar la innovación pública” y a la aplicación de ideas que traten de solucionar los problemas a los que se enfrentan las distintas administraciones del Estado.

Lo que no explica NovaGob en su presentación es que, bajo ese presunto decorado de asistencia y cooperación pública que se han construido, subsisten una serie de empresas que sostienen a la Fundación. Corporaciones privadas cuya única brújula es el negocio y la transmisión de criterios empresariales que sirvan para medir la eficiencia y eficacia de los servicios públicos.

Entre sus grandes benefactores —todos ellos participantes en el evento del que formó parte Clara Mapelli— figuran:

  • GADD (Grupo GTT): firma líder en soluciones de Gestión Tributaria Local, que acudió al encuentro junto al interventor general del Ayuntamiento de Vera y una tesorera del Ayuntamiento de Toledo para defender la creación de una oficina tributaria virtual.
  • NUTCO: promotora de la aplicación ‘EVAFACIL’ para la gestión de evaluaciones de desempeño, impulsada por el RDL 6/2023. También desarrolla software sobre RPTs, planes de igualdad, contratación pública, exámenes y digitalización.
  • GRUPO CASTILLA: desarrollador de un nuevo modelo de web para RPT.
  • COOSTO: especializada en “escucha social activa”.
  • VIEWNEST: presentó su ponencia “¿Qué hacemos en la Administración con tanto dato?”.
  • SAGA: vende soluciones tecnológicas para la gestión de datos en portales de observatorios.
  • DAIL SOFTWARE: propuso aplicar Inteligencia Artificial a la recaudación pública.
  • GESTIONA ESPUBLICO: promociona servicios de “Administración Inteligente”.
  • VISUALFY: innovación en accesibilidad en la administración.
  • SUSTAINABLE STARTUP & CO: aboga por alianzas público-privadas que “trasciendan” la capacidad interna de la Administración.

El evento de NovaGob no solo fue financiado por estas empresas, sino también por entidades públicas como la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia. Tras el desastre de la DANA, ha quedado al descubierto la verdadera naturaleza administrativa de la Generalitat, donde las consecuencias de la privatización de servicios, como el del teléfono 112, gestionado por ILUNION EMERGENCIAS SA con solo 24 personas para toda la Comunidad Valenciana, son evidentes.

En otro acto, esta vez organizado por la agencia Servimedia, la Secretaria de Estado de Función Pública habló sobre la importancia de la “escucha social activa” y las aportaciones empresariales ,todas presentes en el evento. Lo que obvió Mapelli es que Función Pública tiene una sentencia condenatoria del Tribunal Supremo tras demanda de CGT, por incumplir el cupo legal de personas con discapacidad. Nada nuevo bajo el sol que alumbra al PSOE.

Sus tecnócratas siguen facilitando la creación de falsas necesidades sociales que permiten al capital abrir nuevos nichos de mercado. Porque parasitar a la Administración y llevarse el dinero público es la forma más efectiva de saciar su voracidad financiera. Obstaculizar el normal funcionamiento de la Administración Pública del Estado es irrelevante para ellos. Lo verdaderamente valioso es el negocio. Es su razón de ser.

Según la RAE, privatizar es “la transferencia o desplazamiento, parcial o total, de una empresa o actividad pública al sector privado”. Y mercantilización, la introducción de criterios de mercado en el ámbito público que —aunque no configuren una privatización de hecho— pueden facilitarla.

Numerosos informes internacionales han demostrado que las llamadas “Colaboraciones o Concesiones Público-Privadas (CPPs)” no son otra cosa que una forma de absorber fondos públicos y dejar una pesada carga a la ciudadanía. Los proyectos CPPs suelen tener altísimos costes y enormes riesgos para el sector público. Ejemplos sobran: desde el fracaso del Proyecto Castor hasta hospitales con sobrecostes injustificables, pasando por redes de connivencia político-empresarial que acaban en los tribunales mientras las puertas giratorias siguen funcionando.

Clara Mapelli tiene tiempo para clausurar el X Congreso del CSIF y reunirse con FEDECA. Fiel a la doctrina de tecnócratas y corporativistas, su sueldo en 2023 fue de 137.434,41 euros, más que el del Presidente del Gobierno. Un sueldo que debería llevar aparejada una responsabilidad democrática mayor que la de asistir a eventos privados donde se denigra al funcionariado, como mostraremos en próximos comunicados.

Desde FETAP-CGT nos posicionamos claramente en contra de la colaboración público-privada. Apostamos por la internalización de los servicios. Nadie conoce mejor la Administración Pública que quienes trabajan en ella, soportando la pesada carga de coexistir con empresas que solo sobreviven en el ecosistema de privatización fomentado por las propias Administraciones.

Usamos deliberadamente la palabra “servicios”, y no “servicios públicos”, porque en el Estado español estos no existen como tales. Para que lo fueran, deberían permitir la participación de ciudadanía y personal en su gestión diaria, cosa que no ocurre. Los políticos de turno y el personal de libre designación, cortesanos al servicio de intereses ajenos, regalan hasta las tributaciones de las Administraciones Locales. El ejemplo más claro es que la empresa Gestión de Cobros Municipales (GCM) ni siquiera se digna a desarrollar software libre como antídoto para mantener el servicio lo más alejado posible de las injerencias empresariales.

Frente a los intereses del capital, en FETAP-CGT seguimos defendiendo una Administración Pública al servicio de la ciudadanía y gestionada por sus trabajadoras y trabajadores, con transparencia, sin injerencias privadas y sin trampas disfrazadas de modernización.