Madrid, 19 de junio de 2025

La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la CGT (FETAP‑CGT), tras mantener reuniones con diputadas y diputados del Congreso, ha tenido conocimiento de que el Gobierno de España pretende remitir a la Comisión Europea una versión parcial y sesgada de la situación de la temporalidad estructural en el empleo público en el Reino de España. Esta estrategia busca eludir sanciones comunitarias por el incumplimiento de la Directiva 1999/70/CE sobre contratos de duración determinada y por no haber abordado de forma efectiva el abuso generalizado de la temporalidad.

Por ello, FETAP‑CGT ha remitido un informe al gabinete de la vicepresidenta ejecutiva Roxana Mînzatu, comisaria europea de Empleo, Derechos Sociales y Capacidades, en el que se desmantela esta estrategia del Ejecutivo, evidenciando el uso interesado y excluyente de los datos para construir una imagen falsa de cumplimiento.

Lo que el Gobierno pretende ocultar

La reforma en preparación se centra única y parcialmente en las administraciones de Sanidad, Educación y Justicia, dejando fuera a los servicios generales de las comunidades autónomas y a las administraciones locales, donde se concentra buena parte del empleo público en fraude de ley. Según datos oficiales del propio Ministerio (BEPSAP y EPA), la tasa de temporalidad global supera el 32,24 %, mientras el Ejecutivo comunica únicamente un 17 % a las instituciones europeas, afirmando que ha estabilizado 365.000 plazas y al haber destruido otras 92.200, el 96,54% de la pérdida total de empleo en el primer trimestre, siendo de lejos la mayor cifra desde que se tienen datos.

Además, se vulneran los principios de igualdad de trato reconocidos en la Directiva 2000/78/CE, al aplicar soluciones distintas a personal que se encuentra en situaciones sustancialmente idénticas de abuso de temporalidad. Esta discriminación entre trabajadoras del mismo sector público atenta contra el derecho europeo y refuerza desigualdades estructurales.

El verdadero alcance del problema 

En el Estado español hay actualmente casi un millón de trabajadoras y trabajadores públicos en situación de temporalidad estructural. El propio Ministerio de Función Pública, a través del Boletín Estadístico de Personal (BEPSAP), reconoce 979.409 personas afectadas, de las cuales 698.767 son funcionarias interinas y 280.642 son laborales temporales.

De esa cifra, cerca del medio millón de personas quedarían excluidas de cualquier solución real si se aplica el plan que el Gobierno pretende remitir a Bruselas. Se trata no solo de personal temporal actualmente en activo en los servicios generales de las comunidades autónomas y en las administraciones locales, sino también de decenas de miles de Justicia, Educación y Sanidad que, pese a desempeñar sus funciones desde hace lustros e incluso décadas, ocupan plazas calificadas como “no estructurales” (plazas de cupo y eventuales), a las que habría que sumar otras tantas compañeras ya  cesadas sin indemnización ni tutela judicial efectiva, tras unos procesos de estabilización  profundamente injustos.

España no solo sigue sin aplicar una solución eficaz, sino que además lleva 24 años sin transponer adecuadamente la Directiva 1999/70/CE, cuyo plazo legal de transposición expiró en julio de 2001. Este incumplimiento flagrante, reiteradamente señalado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, demuestra la falta de voluntad política para acabar con un modelo estructural de precariedad institucionalizada.

Lo que Bruselas no puede seguir ignorando

Desde FETAP-CGT reclamamos una respuesta integral que incluya a todas las administraciones públicas, estatales, autonómicas y locales en cualquier propuesta de regularización que se traslade a las instituciones europeas. Exigimos la aplicación inmediata de la figura de fijo a extinguir, prevista en el artículo 87.5 de la Ley 40/2015, como solución legal, viable y justa para el personal en abuso.

Del mismo modo, solicitamos a la Comisión Europea que actúe con firmeza ante este nuevo intento del Gobierno español de falsear la realidad y perpetuar la precariedad, exigiendo medidas verificables, transparentes y ajustadas al derecho comunitario. Ya no caben más excusas, después de 24 años de incumplimiento, es hora de que el Estado español garantice estabilidad, reparación y justicia a quienes han sostenido los servicios públicos bajo condiciones de abuso.