Si por algo se caracterizan las Administraciones Públicas de nuestro Estado es por maltratar sistemáticamente a sus trabajadoras. Precariedad, escasez de recursos, plantillas mermadas, pérdida continuada de derechos y, por supuesto, un enorme abuso de temporalidad. Este abuso no sólo incumple nuestras propias normas internas, sino también la legislación europea. El Estado español es el miembro más sancionado de la Unión Europea por esta razón. Y esas multas las paga el pueblo con sus impuestos.
Entre la dejadez del poder legislativo, la negligencia de todas las Administraciones Públicas y la obvia ventaja que supone tener trabajadoras precarias ocupando los peores puestos y turnos sin posibilidad real de protesta, llevamos 26 años engrosando las bolsas de temporalidad abusiva.
Mientras tanto, los tribunales españoles ejercen de verdugos de las aspiraciones de justicia del personal abusado, incumpliendo también la normativa europea, que es de aplicación directa, dada la inexistencia de una legislación nacional que repare adecuadamente este abuso. Hoy hay más de 30.000 causas abiertas en los tribunales por este motivo, que, con o sin la voluntad de la judicatura española, acabarán avanzando con la ayuda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), dando lugar a indemnizaciones millonarias que saldrán, una vez más, del erario público.
El Gobierno actual tiene en su mano resolver este desastre a coste cero, sin perjudicar a la ciudadanía ni detraer fondos públicos que deberían destinarse a educación, sanidad o dependencia. Pero no lo hace. Sus Señorías miran hacia otro lado, mientras miles de familias que han servido fielmente a la ciudadanía desde lo público se sienten abandonadas.
La defensa de los servicios públicos no es una opción: es una cuestión de justicia social. Garantizar derechos fundamentales pasa necesariamente por ofrecer servicios públicos de calidad, y para ello es imprescindible un empleo público digno y estable.
Por todo ello, reclamamos:
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Impulsar de forma urgente una nueva Ley de Función Pública, incorporando las enmiendas presentadas por Junts per Catalunya y Podemos, que reconocen el derecho a la fijeza del personal abusado, tal y como indica el TJUE, sin olvidar al personal cesado tras sufrir ese abuso.
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Cumplimiento inmediato de las sentencias del TJUE:
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Adecuando la legislación y obligando a nuestros tribunales a respetar lo dictado por Europa, concediendo la fijeza al personal en situación de abuso de temporalidad.
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Estabilizando de forma directa a todo el personal que lleve más de tres años trabajando para la misma Administración, con uno o varios contratos sucesivos.
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Estableciendo mecanismos de readmisión para el personal cesado que se encontraba en abuso de temporalidad en el momento de su cese.
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Para que esta situación no vuelva a repetirse, exigimos reformas normativas en el TREBEP y demás legislación sobre Función Pública, que incorporen mecanismos de sanción eficaces frente al abuso de temporalidad.
Sindicatos, asociaciones y plataformas de todos los territorios podemos asegurarles una cosa: no vamos a dejar de luchar hasta que esto se consiga.
Porque es de justicia:
¡QUE NOS DEJEN TRABAJAR!
¡¡QUIENES ESTAMOS, NOS QUEDAMOS!!
