Barcelona, 6 de junio de 2025
El Sindicato de Administración Pública de Lleida, junto con la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT), ha interpuesto el pasado 4 de junio un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la adjudicación de un contrato que externaliza funciones públicas reservadas en la Diputación de Lleida.
La resolución impugnada, publicada el 14 de abril de 2025 (Decreto nº 2024_5593), adjudica el “contracte basat en l’Acord marc servei d’assistència tècnica per a la inspecció tributària i procediment sancionador per infraccions tributàries” (lote 4, expediente 2024/137-7), licitado por la Central de Contractació de la FEMP. Esta fórmula contractual ampara la privatización de tareas de inspección y sanción tributaria que, de acuerdo con la legislación vigente, deben ser ejercidas de forma directa por personal con vínculo estatutario o funcionarial, al tratarse de funciones que implican ejercicio de autoridad.
Desde CGT se advierte del peligroso precedente que representa este modelo de adjudicación, donde se pretende encubrir como «asistencia técnica» la externalización de competencias que solo pueden ejercer funcionarios públicos. Este proceso forma parte de una tendencia generalizada en diferentes Administraciones para desdibujar los límites entre lo público y lo privado, debilitando la función pública e incumpliendo principios constitucionales como la legalidad, la seguridad jurídica, la eficiencia en el uso de los fondos públicos y la igualdad en el acceso al empleo público.
La CGT ha venido documentando y denunciando a nivel estatal diversos intentos de adjudicar a empresas privadas tareas propias del control tributario, la gestión sancionadora, la inspección laboral o la tramitación de expedientes disciplinarios. Esta deriva no solo afecta a los derechos laborales del personal público, sino que también socava las garantías de imparcialidad, objetividad y sometimiento pleno a la ley que deben regir la actuación administrativa.
Este recurso judicial supone un paso firme en la defensa del empleo público, de la transparencia institucional y de los derechos de la ciudadanía a una administración ejercida con neutralidad, sin conflictos de interés ni delegación opaca de potestades públicas en empresas privadas.
Desde CGT reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los servicios públicos, con su gestión directa por personal propio, y con el fortalecimiento de la función pública frente a las políticas de privatización encubierta que precarizan la administración y vulneran el interés general.
