Madrid, 24 de abril de 2025 – La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas (FETAP-CGT) ha presentado hoy ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Catarroja un nuevo escrito en el marco de las diligencias previas 692/2024-P, en el que aporta un extenso análisis técnico elaborado por su secretario de Formación, Sergio Álvarez Hombría, con el fin de reforzar la investigación judicial sobre la gestión de la DANA que afectó gravemente a varios municipios valencianos el pasado otoño.
El documento, expuesto públicamente el pasado 15 de abril durante una rueda de prensa en Catarroja, detalla con base documental los fallos en la aplicación del Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones y del Plan Territorial de Emergencias de la Generalitat Valenciana, señalando en particular la omisión de rondas informativas obligatorias y la no constitución de los CECOPAL (Centros de Coordinación Operativa Municipal), previstos como mecanismo clave de respuesta ante episodios de riesgo hidrológico.
La documentación entregada incluye además informes oficiales como el “Informe n.º 7 sobre el episodio DANA en la Comunitat Valenciana” (31/10/2024), presentaciones técnicas del subdirector de emergencias Jorge Suárez Torres, y un oficio remitido al Juzgado por la Agencia de Seguridad y Emergencias el 28 de febrero de 2025.
El informe técnico destaca que la emergencia en la comarca de la Ribera Alta ya era evidente desde las 7:45 del 29 de octubre, y que la falta de activación de los mecanismos previstos (PAM, PTM y PMA) no solo vulneró los protocolos establecidos, sino que comprometió la seguridad de la población y del personal público desplegado en la zona.
Ante estas omisiones, FETAP-CGT solicita al juzgado que oficie al Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat para que remita sus protocolos internos, detalle las rondas informativas realizadas y a quiénes se dirigieron, y aclare si se solicitó a AEMET ajustar sus predicciones en tiempo real para zonas concretas.
“La gestión de una emergencia no se improvisa. Queremos saber qué medidas se tomaron, cuándo y por qué no se activaron todos los mecanismos previstos por el Plan. Hay responsabilidades institucionales que deben aclararse, más allá de las explicaciones políticas”, ha declarado el letrado de la acusación popular, Joan Comorera Estarellas.
FETAP-CGT reitera su compromiso con la verdad, la transparencia y la defensa de los intereses de los trabajadores públicos y de la ciudadanía ante cualquier actuación negligente de las autoridades competentes.
