Hoy, en el Congreso de los Diputados, organizaciones sindicales y plataformas de trabajadores se han reunido para abordar el grave problema del abuso de la temporalidad en el sector público y promover el respaldo a las enmiendas en tramitación que modifican el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). En el encuentro han participado representantes de FETAP-CGT, de la Plataforma de Afectados por la Función Pública (PAFP), de STEPA y de USCTEP, junto con cargos recién elegidos del Movimiento Sumar.
Durante la reunión, se ha trasladado el agradecimiento a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por su receptividad hacia esta problemática. Tras las recientes intervenciones de FETAP-CGT en el Parlamento Europeo, donde Yolanda Díaz participaba en un acto relacionado con el empleo, la ministra ha recordado a sus compañeros de partido la necesidad de ser sensibles y activos ante las enmiendas que buscan acabar con el abuso de temporalidad. Se ha solicitado expresamente que su grupo introduzca modificaciones en su propia enmienda para garantizar el acceso a la fijeza tanto de trabajadores en activo como de aquellos que han sido cesados, en coherencia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En este mismo sentido, hoy se ha mantenido un diálogo abierto y productivo con Carlos Martín y Lara Hernández, recién elegidos coordinadores generales de Sumar, quienes han expresado su compromiso con esta reivindicación. Han manifestado que el personal público en situación de abuso de temporalidad merece una solución justa, similar a la que ya se ha aplicado en el ámbito privado, y se han comprometido a trabajar para que así sea.
Durante el intercambio, los representantes de Sumar han mostrado su sorpresa ante la falta de defensa activa por parte de los sindicatos mayoritarios sobre este asunto, así como la falta de implicación de dichas organizaciones en la defensa efectiva del personal afectado.
La reunión ha sido un paso más en la coordinación de esfuerzos entre organizaciones sindicales y plataformas ciudadanas para que se reconozcan los derechos de quienes llevan años sufriendo una situación laboral injusta, y para que el Congreso de los Diputados apruebe unas enmiendas que den cumplimiento al derecho europeo y a los principios de estabilidad y no discriminación en el empleo público.
