La Inspección de Trabajo de Zaragoza ha requerido a la empresa pública TRAGSA que cumpla con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y asuma la limpieza de los equipos de protección individual (EPI’s) utilizados por las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF).

Hasta ahora, los bomberos y bomberas forestales de las BRIF debían lavar sus propios equipos de protección, exponiendo a sus familias a contaminantes derivados de incendios y tareas forestales. Esta situación, que debería haberse evitado por sentido común, se mantenía debido a la negativa de TRAGSA a asumir la limpieza, incumpliendo la normativa vigente, que prohíbe que los trabajadores lleven estos equipos a sus domicilios para su lavado.

Gracias a las denuncias interpuestas por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Inspección de Trabajo ha dado un mes de plazo a TRAGSA para elaborar y aplicar un procedimiento específico de limpieza, mantenimiento y desinfección de todos los EPI’s utilizados en tareas de silvicultura y extinción de incendios. En caso de incumplimiento, la empresa se enfrentará a una sanción grave que podría alcanzar los 49.180 euros.

Desde la Sección Sindical de CGT en la BRIF de Daroca celebramos esta resolución, ya que nuestros equipos de protección quedan impregnados de hollín, gasolina, aceite y otros contaminantes en cada jornada laboral. No entendemos cómo una empresa pública se ha desentendido de la salud de sus trabajadores, especialmente cuando desde CGT se intentó negociar una solución sin éxito.

El listado de EPI’s afectados incluye hasta 29 elementos esenciales para la seguridad del personal, como el buzo ignífugo, botas de extinción, casco para incendios forestales, gafas de extinción, mascarilla auto filtrante, guantes de extinción y linterna frontal, entre otros.

Además, este problema no se limita a Daroca ni a las BRIF, sino que afecta a la mayoría del colectivo de bomberos y bomberas forestales en todo el Estado. Por ello, desde CGT hacemos un llamamiento a todos los trabajadores y trabajadoras del sector para que exijan el cumplimiento de la normativa en sus respectivos territorios.