La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT) ha presentado una querella ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, la ex consellera de Interior y Justicia, Salomé Pradas, y dos altos cargos de los servicios de emergencias de la Generalitat, Alberto Javier Martín y Emilio Argüeso, por la presunta comisión de cinco delitos durante la gestión de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) del pasado 29 de octubre.

En la querella, FETAP-CGT argumenta que existen indicios sólidos de que los fallos en la prevención y respuesta por parte de los responsables políticos valencianos resultaron en graves consecuencias, entre ellas la muerte de 220 personas y pérdidas materiales cuantiosas para miles de ciudadanos afectados. Según el sindicato, la cadena de errores y negligencias en la gestión de la emergencia derivó en consecuencias fatales que podrían haberse evitado mediante una actuación adecuada.

Los delitos atribuidos en la querella son los siguientes:

  • Homicidio imprudente, conforme al artículo 142.1 del Código Penal, al considerar que los querellados omitieron la adopción de decisiones apropiadas en un contexto de emergencia, lo cual resultó en la muerte de más de 220 personas.
  • Omisión del deber de socorro, previsto en el artículo 195 del Código Penal, debido a la no activación del estado de alarma, que era competencia exclusiva de la Generalitat, a pesar de la gravedad de la situación.
  • Daños imprudentes, tipificados en el artículo 267 del Código Penal, relacionados con los perjuicios materiales sufridos por miles de ciudadanos.
  • Lesiones por imprudencia grave, conforme al artículo 152 del Código Penal, por los daños físicos sufridos por diversas personas como resultado de la gestión deficiente.
  • Delito contra los derechos de los trabajadores, previsto en los artículos 316 y siguientes del Código Penal, por las condiciones en que se expuso a los trabajadores implicados en la emergencia.

La querella también hace hincapié en la necesidad de que el TSJCV abra un proceso penal contra Carlos Mazón y Salomé Pradas, dada su condición de aforados. Además, la acción se extiende contra el director general de Emergencias y Extinción de Incendios autonómico, Alberto Javier Martín, y el secretario de Seguridad y Emergencias y director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), Emilio Argüeso, por la presunta desatención en sus funciones durante las fases críticas de la DANA.