El ministro ha anunciado, como viene siendo habitual tras la enésima y contundente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de turno, que si el Tribunal Supremo lo estima, él concederá la fijeza al millón de trabajadoras en abuso de temporalidad.
Empecemos por destacar que las prejudiciales recién elevadas por el Supremo no pueden ser más tendenciosas, al exponer una de las demandas jurídicamente más débiles de las que tenemos conocimiento, obviamente con la intención de que el TJUE se retracte de su postura, además de presentar cuestiones contestadas hasta la saciedad.
Pero volvamos al ministro que si hubiese consultado a su querida IA no hubiese cometido fallos tan garrafales en sus declaraciones y, lo que es seguro, hubiera mostrado mucha más humanidad.
Nos vemos en la obligación de explicarle cómo funciona el hilo normativo. Cuando la potestad tiene carácter europeo, como es el caso, los entes continentales dictan reglamentos o directivas (Directiva 1999/70/CE) que, o bien son de aplicación directa o se han de trasponer al ordenamiento interno. Una vez traspuesta, cosa que no hace la Ley 20/2021, es entonces cuando nuestros jueces la pueden interpretar. Es decir, nuestro ministro 25 años después sigue negándose a legislar.
Las razones para tamaña inactividad son de peso y se resumen en el entramado económico en el que están implicados gobiernos, administraciones, sindicatos y jueces.
Los gobiernos pretenden que cientos de miles de honradas trabajadoras acaben cobrando pensiones miserables, echándolas a la calle en sus últimos años laborales. Las administraciones ahorrándose la cuantía de antigüedad que los nuevos empleados no perciben, amortizando plazas y vendiendo que “crean” empleo y rejuvenecen la plantilla. Los sindicatos no contravienen los intereses de quienes designan las subvenciones públicas que perciben, además de su vínculo con el negocio de la formación y, por tanto, en el acceso y la promoción en el empleo público. Y los jueces acatando las directrices políticas de quienes les han designado para los altos cargos del ámbito jurídico, además de actuar como formadores en el ámbito del acceso a la justicia.
Solamente así se explica que mientras para el sector privado, las trabajadoras cuentan, como es natural, con un órgano de inspección, una fuerte sanción al infractor y una compensación para la trabajadora, en el sector público NO EXISTE NADA, constituyendo un fraude de ley de primero de derecho.
Para darle algo de empaque al asunto tergiversan el lenguaje mezclando los principios del acceso a la función pública con los efectos jurídicos del resarcimiento por el abuso de temporalidad, máxime cuando las víctimas ya accedieron hace muchísimo tiempo mediante procesos que respetaban dichos principios y, en su defecto, la responsable sería la administración de turno.
Desde FETAP-CGT tenemos muy claro que llegaremos hasta donde se tenga que llegar para que se respeten los derechos de las trabajadoras públicas en abuso de temporalidad e invitamos al ministro Escrivá a, que si persiste en su inoperatividad de cara al millón de sus trabajadoras más precarias, presente su dimisión.
Recordamos también al “gobiernos más progresistas de la historia” que cuando la izquierda no ocupa el lugar que le corresponde, son los populistas los que lo hacen con los efectos que ya todas conocemos.