El gobierno “más progresista de la historia” sigue avanzando en sus planes de privatización de todos los sectores públicos, adoptando medidas que los condenan a unos peores y escasos servicios.

Gobierno y administraciones hacen suyo el refrán que dice ”muerto el perro, se acabó la rabia” y ejecutan el exterminio masivo de interinos nombrados con posterioridad a la entrada en vigor del “Icetazo” o R.D.L. 14/2021, por lo que todo aquel interino nombrado a partir del 8 de julio de 2021 será cesado antes de cumplir 3 años en el puesto.

Esta medida va única y exclusivamente destinada a acabar con la figura del empleado público en abuso de temporalidad y no tiene en cuenta el que debería ser su principal objeto, la prestación de unos servicios públicos universales y de calidad.

Sus actuaciones, en las antípodas de lo que correspondería, va a conllevar:

  • El incremento en la inestabilidad para los empleados públicos de carácter temporal, dado que las administraciones públicas harán con ellos lo que las ETT’s hacen en el ámbito privado: limitando a 3 años su estancia en los puestos y manteniéndolos durante 6 meses en el paro para “rescatarlos” después. Cabe destacar que muchos de esos puestos, por su carácter especial o técnico, requieren de formación específica y, al menos, esa experiencia.
  • El aumento de la carga de trabajo para los empleados públicos fijos, pues serán ellos los que tengan que formar a las contínuas oleadas de nuevos compañeros y asumir la la faena de las plazas que queden vacantes.
  • Una todavía mayor precarización de los servicios públicos en su conjunto ya que, tal y como se prevé en la norma, se deberán dejar decenas de miles de puestos de trabajo sin ocupar, que además se concentrarán en la España vaciada, vaciándola todavía más para alegría de especuladores y fondos de energías renovables.

Desde FETAP-CGT exigimos la retirada inmediata de todas las Instrucciones que, a imagen y semejanza de la del Estado, delimita la duración máxima de interinos a 3 años, al menos hasta que se encuentre una solución definitiva que acate la jurisprudencia y normativa europeas y se retire la tasa de reposición.