En ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, donde todas las mañanas se activa la maquinaria que inicia los exámenes para la obtención del permiso de conducir, también los de vía pública, se inician los recorridos desde los centros de exámenes que posee la dirección general de tráfico, donde también coexisten con las pistas para las pruebas en circuito cerrado. Pero no en todas las provincias se cumplen los derechos de los trabajadores, el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales y un mínimo de servicios básicos tanto para examinadores como para los ciudadanos que van a realizar sus pruebas y una de esas provincias es Zaragoza, ciudad inmortal donde estos trabajadores públicos se ven obligados a salir con los vehículos de las autoescuelas, sean turismos, motocicletas o vehículos pesados, desde calles en doble fila, incumpliendo así la DGT las propias normas de tráfico, e incumpliendo así el Ayuntamiento de Zaragoza sus propias ordenanzas, haciendo la vista gorda por doquier.

Como anunciábamos anteriormente, la plaza pionera en estas reivindicaciones de incumplimientos recurrentes durante los últimos 4 años, ha venido de la mano de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la provincia de Zaragoza, donde se ha venido denunciando los riesgos que sufren los examinadores ante su empleador, la Dirección General de Tráfico, Ayuntamiento de Zaragoza e incluso el Defensor del Pueblo y el Justicia de Aragón.

Esta reivindicación constante llego también hasta la localidad de Calatayud, provincia de Zaragoza, donde por mediación del Justicia de Aragón se consiguió establecer un sitio reservado al efecto como punto de salida de autoescuelas y así dotar de mayor seguridad en los exámenes a los examinadores, ciudadanos y usuarios de la vía.

Pero menor suerte se ha tenido en la ciudad de Zaragoza, donde la entonces concejala de Movilidad, Natalia Chueca, y ahora Alcaldesa, fue insensible a estas demandas, así como por ende la propia Jefatura Provincial de DGT (Administración General del Estado).

La Confederación General del Trabajo planteó una denuncia a Inspección de Trabajo, la cual, constatado el incumplimiento de la normativa de tráfico, poco puede hacer al respecto, confirmando que la exigencia del cumplimiento de la normativa de circulación no corresponde a Inspección de Trabajo sino a la Policía Local en el caso de Zaragoza.

Ahora bien, las competencias si las ejercita desde un punto de vista de prevención de riesgos laborales donde salió en defensa de los  trabajadores de la Dirección General de Tráfico con una resolución que obligaba a los Servicios Centrales de DGT a incluir la valoración específica del riesgo para los trabajadores generado del estacionamiento en doble fila de los vehículos en los puntos de salida en el interior de la ciudad, y a establecer las medidas adecuadas para eliminar o reducir el mismo. Esto obligaba a DGT a finales de noviembre a incluir en las evaluaciones este riesgo, hasta ahora solo evaluado para las pruebas de destreza en pista, pero la reacción del servicio de prevención ha sido la entrega a los trabajadores de una ficha de evaluación del puesto de trabajo que sigue sin cumplir los requerimientos de inspección de trabajo. Riesgo de atropellos, incumplimientos de las normas de tráfico que la propia DGT impone, afecciones al tráfico… hablamos que en una ciudad como Zaragoza y junto al hospital clínico, en una de las arterias más importantes de la ciudad, decenas de coches de autoescuela inician el examen en la calzada para la obtención del permiso de conducir, algo totalmente inconcebible en pleno año 2023.

No se trata de un caso aislado, del bochornoso espectáculo que dan los puntos de salida de la DGT en la capital aragonesa, pues está problemática es bastante común en DGT a nivel de toda España, sobre todo en capitales de provincia más pequeñas, por lo que se ha puesto el caso en manos de los servicios jurídicos de la organización sindical, para iniciar todos aquellos procedimientos legales que se ajusten a derecho, para salvaguardar la seguridad en el trabajo de los funcionarios públicos , ciudadanos y usuarios de la vía.