Durante el año 2022, 608.707 expedientes se encontraban en fase de ejecución. De ellos, según los datos oficiales de los que dispone la central sindical CGT, solo fueron finalizados 364.349. El atasco administrativo supone un perjuicio para solicitantes y perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV), un colectivo especialmente vulnerable que se mantiene a la espera de la resolución de 316.358 expedientes, un 54% del total.

La demora y los desajustes de gestión en el INSS incumplen lo dictado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado a este organismo, que literalmente le instaba a “conseguir un coeficiente de cobertura (resueltos/iniciados) del IMV en vigor en un % del 100”, un objetivo lejos de la realidad de los datos que arroja el balance de 2022.

Junto a las cifras de demora a nivel nacional, hay Comunidades Autónomas donde se añaden circunstancias especiales, caso de Madrid. En esta Dirección Provincial entraron en 2022 un total de 61.113 expedientes relativos al IMV, de los que solo fueron resueltos favorablemente 13.910 (el 22 por ciento). Otros 21.174 fueron denegados y 4.118 cancelados (la mayoría de ellos por duplicidad de expedientes).

Pero el resto, 10.746, fueron despachados mediante una figura administrativa de la cual solamente se tiene noticia en la gestión del IMV, ya que aparecen como “inadmitidos”. Los solicitantes y perceptores de este tipo de prestación ven cómo los trámites administrativos generan, a juicio de CGT, una discriminación flagrante frente a los beneficiarios de otras prestaciones.

Razones del descalabro

Varias circunstancias pueden explicar la deriva en la gestión del IMV y la situación en la que se encuentra el servicio en la actualidad. Siguiendo las instrucciones dadas por la directora General del INSS, se redujo drásticamente el canal presencial durante 2022, cerrando oficinas que podrían prestar atención presencial y confiando en una apuesta por los canales telemáticos, cuyo funcionamiento no ha sido el esperado.

En una comparativa de la atención presencial entre 2022 y 2019, anterior a la pandemia y elegido para poder cotejar situaciones homogéneas, los datos demuestran que en 2022 se ha atendido presencialmente a 4.172.353 personas menos, entre las que se encuentra el colectivo de demandantes y prestatarios del IMV.

El desplome no puede explicarse en exclusiva por la introducción de fórmulas alternativas, como podría ser la atención telefónica, si no que apunta al modelo de gestión. Hay que recordar que en el mes junio de 2020 se firmó una encomienda de gestión a TRAGSATEC, con 150 empleados, para atender el teléfono gratuito del IMV, pero el acuerdo no fue renovado al finalizar el año.

Desde entonces, y con un refuerzo de tan solo cinco trabajadores para sustituir a los 150 no renovados, ha sido el personal funcionario quien ha tenido que asumir la resolución de la situación generada en la atención a través de esa línea, sumándola a la carga de mantener la gestión de otro teléfono de prestaciones.

El resultado es que, pese al esfuerzo de los funcionarios, el número de personas atendidas pasó de 813.055 a tan solo 136.609, es decir, 676.446 llamadas menos. Y, al mismo tiempo que se desarrollaba esta situación, el INSS redujo en un 3,5% su plantilla, pasando de 3.132 personas a 3021.

Consecuencias para la ciudadanía más vulnerable

El sistema actual refuerza la brecha digital y con ello provoca la indefensión de un colectivo vulnerable que, en muchos casos, ya debe asumir el enfrentarse a trámites y formularios que, ante la complejidad que presentan, acaban en el limbo de los inadmitidos.

Tras casi tres años desde la implantación del IMV, todavía no existe una aplicación informática propia como la disponible para la gestión de otras prestaciones, como la Incapacidad Temporal, teniendo que utilizarse la antigua aplicación para la Prestación Familiar, con los problemas derivados de esa circunstancia.

Otra consecuencia para los perceptores del IMV es el incremento del plazo medio de resolución de sus solicitudes (situado en seis meses). Este plazo duplica, como mínimo, el habitual en cualquier otro tipo de prestación o el de las solicitudes de jubilación. Con una peculiaridad añadida: en todas las prestaciones existe la posibilidad de generar una incidencia relativa al servicio telefónico de atención ciudadana si se alargan los plazos … salvo en el caso del IMV.

Esta discriminación acarrea más efectos indeseables. Agrava la situación laboral de los trabajadores ya que, en caso de producirse una demora y sin posibilidad de dar una respuesta alternativa, lo único que pueden indicar los funcionarios a los usuarios del servicio es que tienen que seguir esperando pacientemente.

CGT señala que, en muchos casos, la falta de solución a las legítimas demandas de información de los solicitantes se salda con insultos o malos modos hacia los trabajadores, lo que ha llevado a buena parte de la plantilla a solicitar un cambio de ubicación en el último Concurso de Traslados, con el consiguiente aumento de la precarización del servicio.