El Secretariado Permanente de la Federación de Trabajadoras y Trabajadores de la Administración Pública de la CGT, en consonancia con los acuerdos adoptados en el último Pleno Federal celebrado en Segovia, en línea con el comunicado hecho público el 27 de octubre en desarrollo de los mismos, y de la valoración sobre el documento filtrado de enmiendas transaccionadas al “Icetazo” que dimos a conocer el 17 de noviembre, desea declarar lo siguiente:
Desde esta Federación Sectorial apoyamos a los compañeros y compañeras de los diversos entes de la CGT que han decidido convocar huelga en su ámbito el próximo día 30 de noviembre, o bien se han adherido a la convocatoria formalizada por otros sindicatos alternativos para ese día. Así mismo, manifestamos nuestro más firme apoyo a la lucha de los empleados y empleadas públicas en abuso de temporalidad, en su justa reclamación por una solución a dicha problemática que sea conforme con la jurisprudencia comunitaria y que garantice su estabilidad laboral.
Reiteramos nuevamente, a todos los actores políticos involucrados en el proceso de tramitación del proyecto de ley derivado del RDL 14/2021, cuáles son los mínimos que el sector de Administración Pública de la CGT, conforme a sus acuerdos, considera que debe contener cualquier eventual reforma legislativa que pretenda resolver dicha materia. No aceptaremos ninguna norma que no vaya encaminada a
1) Articular mecanismos que permitan con resultado cierto que los y las trabajadoras obtengan relación de fijeza de personal funcionario de carrera o laboral fijo, o idéntica en derechos.
2) Trasponer los principios de las clausulas 4 y 5 de la Directiva 1999/70/CE y jurisprudencia del TJUE relativas a la prevención, y sanción del abuso de contratación en las Administraciones Públicas.
3) Prevenir nuevos abusos de contratación mediante sanciones e indemnizaciones proporcionadas y disuasorias que recaigan en las Administraciones y no en su personal.
4) Apostar por una defensa sin ambages de los servicios y empresas públicas como garantes del derecho democrático de la inmensa mayoría a recibir y gestionar unos servicios de calidad con garantías laborales dignas para todos los trabajadores y trabajadoras vinculadas a ello.
Además, consideramos que se debe prescindir de las tasas de reposición limitativas, que impiden una reposición adecuada de efectivos en base a las necesidades reales, y las que únicamente consideran a determinados colectivos privilegiados.
Dicho lo cual, y en vista del contenido que se ha conocido hasta ahora del texto que se quiere someter a votación en el pleno del Congreso de los Diputados el próximo día 2 de diciembre, el cual no da cumplimiento en absoluto a los puntos anteriormente mencionados, consideramos que hay motivos más que suficientes para la movilización, para salir a la calle en masa a protestar y, en aquellos territorios donde los entes de la CGT así lo han decidido, para ir a la huelga. La defensa de unos servicios y de un empleo público dignos y de calidad, así lo exige.
¡CONTRA EL ABUSO DE TEMPORALIDAD, NI UN PASO ATRÁS!
