DESDE LA FETAP NOS HACEMOS ECO DEL COMUNICADO REALIZADO POR LAS SECCIONES SINDICALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE MADRID Y LO REPRODUCIMOS EN SU TOTALIDAD.

La variación mensual del IPC ha sido del 1,8% de forma que la inflación acumulada en 2021 es del 5%. El Gobierno plantea una subida del 2,5% a los funcionarios de la que el 0,5% va al plan de pensiones.

El Gobierno, en el proyecto de Presupuestos de 2022, señala la subida de salarios a los empleados y empleadas públicas del 2%, sin ningún tipo de negociación previa. El 0,5% restante, estaría dispuesto a “realizarlo”, siempre que ese extra se materialice como un salario diferido a través de aportaciones a los planes de pensiones que están abiertos en el ámbito de la Administración y cuyo ejemplo más insigne es el Plan de Pensiones de la Administración General del Estado, que cuenta según el último dato oficial publicado por el Gobierno con 523.875 personas “beneficiarias”. Desde el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social se está potenciando un modelo de pensiones complementario en el ámbito de la empresa y necesita del banderín de enganche del Plan de Pensiones de la AGE para sustentar su proyecto de un macrofondo de pensiones de gestión pública, que pretende dar cabida a los planes de pensiones de empleo de empresa que ya operan en la actualidad e incluso también a los que se puedan crear en un futuro tanto grandes empresas como pymes o incluso autónomos.

Parece evidente que el ministro José Luis Escrivá pretende reactivar un mecanismo que lleva prácticamente sin utilizarse desde que en 2011, en plena ola de recortes, el Gobierno decidiera la suspensión de las aportaciones a los planes de pensiones de los funcionarios para evitar sobrecargarse con más compromisos de pagos «inciertos» a futuro. Desde esa fecha, y siempre según la información oficial que proporciona anualmente la comisión gestora del plan, las contribuciones de los organismos de la Administración al plan no han sumado ni un millón de euros en diez años cuando en 2011 la aportación del Estado frisó los 55 millones de euros.

La Seguridad Social quiere aprovechar los Presupuestos de 2022 para reactivar las aportaciones del Estado al plan de pensiones de la AGE. Donde desde el año 2018 el único organismo del Estado que ha realizado aportaciones a su plan de pensiones ha sido el ICEX, que aportó 32.690 euros en 2019. El Estado no ha aportado un solo euro en los cuatros ejercicios que han transcurrido desde entonces. El olvido al que la Administración ha condenado a su plan de pensiones no ha salido gratis. El número de personas beneficiarias se ha desplomado desde los 625.000 de 2011 a los 523.000 del año 2019 y los fondos acumulados en el mismo apenas han pasado de los 586 millones a los 635 millones, principalmente por la rentabilidad de las inversiones en que se han materializado los recursos del fondo.

Desde CGT siempre hemos entendido este Plan de Pensiones como un secuestro privado de las partidas económicas destinadas al personal funcionario. Un negocio lucrativo para los “gestores” de dicho Plan y en definitiva unas aportaciones que limitan las subidas en las nóminas del presente y que cuestiona su recuperación en el futuro. Insistimos, estas aportaciones a planes futuros suponen un fraude para el colectivo toda vez que cualquier aportación que se haga hoy tiende a devaluarse con el simple paso del tiempo puesto que los precios siempre tienden al alza a largo plazo, en definitiva es un secuestro de nuestros emolumentos.

En definitiva, una subida salarial claramente insuficiente después de años de continuas pérdidas, de congelaciones y recortes. Con unas plantillas insuficientes, agotadas y envejecidas, que están asumiendo unas cargas de trabajo desmesuradas para mantener un sistema que hace aguas y que se mantiene, en buena medida, por nuestro esfuerzo y profesionalidad. En un contexto de pandemia mundial que nos ha obligado a modificar sistemas de trabajo y adaptarnos situaciones que variaban de un día para otro. Y por todo este esfuerzo, el “premio” es una subida paupérrima que no llega ni a cubrir lo perdido este año 2021 y que no recupera nada de las pérdidas salariales acumuladas de los últimos 15 años. Algo más esperábamos de este gobierno, el “más progresista de la historia”.

Desde CGT reivindicamos:

 Subidas en nómina en concepto sueldo, sin derivar % alguno al Plan de pensiones.

 Aportaciones voluntarias en todo caso, de los funcionarios al citado Plan

 Subida salarial en los PGE acorde con el IPC del año anterior y previsiones del siguiente. Por lo que estaríamos hablando de un % para el año 2022 nunca inferior al 5%.

 Y evidentemente ante lo expuesto, cláusula de revisión salarial.